Ley contra la violencia de género


Durante los últimos tiempos, en el Código Penal fueron apareciendo diversas figuras que castigaban la violencia doméstica, pese a las cuales el problema no mejoraba: la sociedad contemplaba cómo tantas mujeres seguían muriendo a manos de sus maridos, sin olvidar la cifra oculta de personas que no se atrevían a denunciar. Ante esta situación, se aprobó el texto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley polémica que ha contribuido a la saturación de las instituciones judiciales.

En el año 2004, el Congreso de los Diputados, de la mano del Gobierno de Rodríguez Zapatero (el cual se definió a sí mismo como “feminista radical” en su primera entrevista en The New York Times el 7 de mayo de 2004) lo primero que hizo fue tratar de dar respuesta a la violencia doméstica, creando una nueva figura jurídica, “la violencia de género”, que permitiera la aparición de una polémica Ley Integral. Dicha ley en realidad protege a la mujer contra la violencia del hombre, sin incidir en la figura del hombre maltratado, ni en el maltrato en las parejas homosexuales. Para aplicar el texto, la víctima ha de ser mujer; en el resto de casos, se aplica un delito genérico de lesiones.

Controversia.

Algunos sectores jurídicos y académicos han puesto en duda la conformidad con la Constitución en base a que, según afirman, el texto vulnera valores como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de la pena, la presunción de inocencia, la dignidad de la persona, la no discriminación por sexo y las garantías jurídicas. Un ejemplo ilustrativo de los problemas que origina la legislación actual sería un caso de amenazas mutuas, en el que, siendo la acción la misma, la mujer sería sancionada con una simple falta, mientras que al hombre se le juzgaría por un delito.

Esta situación de desigualdad manifiesta ya fue denunciada por un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial al entender que la discriminación positiva en el ámbito penal podía ser inconstitucional. Del mismo modo, afirma que la ley no es mala en lo que contiene, sino en lo que no contiene.

Así, la Ley ostenta el récord de cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por jueces contra una norma, ya que se han presentado cerca de 200. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional avaló en mayo de 2008, por tan solo dos votos de diferencia (siete votos de magistrados a favor y cinco en contra) el polémico artículo 153.1 del Código Penal, en virtud del cual se permite aumentar las penas en caso de que el maltratador sea el varón.

Problemas tras su aplicación.

Según fuentes oficiales en el año 2006 se registró una reducción del 30% en el número de denuncias interpuestas por hombres. Del mismo modo, se ha detectado un aumento de denuncias falsas por parte de mujeres, intentando aprovecharse de la Ley Integral.

La única vía para conseguir que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad es a través de la educación e información de los ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, empezando desde la base, obviamente reforzada y acompañada por una normativa que reprima y sancione las conductas de violencia de género que son producto de discriminaciones persistentes en la sociedad y las familias.

La forma de prevenir la repetición de modelos discriminatorios es educar en igualdad y acabar con estereotipos y con la asignación de roles en función del sexo. En caso de optar por hacer discriminación positiva, que sea para beneficiar a alguien vulnerable, no para perjudicar a los no vulnerables.

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